El experto en regulación de servicios públicos dictó en la Maestría en Derecho Privado. El docente afirmó que la política afecta el trabajo “estrictamente técnico” que deben cumplir estos organismos.
Por Cesar Flores Córdova. 03 julio, 2015.El doctor Ignacio de la Riva, experto en regulación de servicios públicos, dictó en la Maestría en Derecho Privado de la Universidad de Piura. El docente afirmó que la política afecta el trabajo “estrictamente técnico” que deben cumplir los órganos regulares de los servicios públicos.
“La injerencia del poder político en los órganos reguladores contamina la función estrictamente técnica que deben tener estos organismos. El desafío está en preservar y hacer respetar las normas que mantienen vivos estos organismos. Aunque los políticos son parte del estado, debe haber independencia”, afirmó el experto argentino.
El doctor de la Riva agregó que estas instituciones estatales deben tener autonomía de criterio para la toma de decisiones técnicas: “estos organismos deben tener mayor autonomía de criterio, procedimientos que resguarden sus actos y decisiones técnicas. Si ingresan criterios políticos o electorales es difícil que se establezca tarifas que respondan a los reales costos de la prestación del servicio y la utilidad razonable que debe tener quien lo presta”.
Con respecto a la mala percepción sobre las multas que aplican los organismos reguladores, el profesor José de la Riva afirmó que “las multas que aplican los servicios reguladores se sienten que no generan cambios fuertes para que dichas empresas mejoren”. En ese sentido, consideró importante que “para el ejercicio de la potestad sancionatoria debe existir previamente normas claras; si ese detalle no está claro, cuando llegamos a la fase final que es la sanción, se mostrarán supuestas deficiencias en el proceso sancionador”.
En esa línea, el experto afirmó que es importante aclarar lo que es un servicio público de lo que no es: “Hay necesidades básicas que pueden ser bien atendidas sin necesidad de catalogar a quien lo presta como un operador de servicio público. El agua es un monopolio natural, lo mismo pasa con la distribución de energía eléctrica porque es muy difícil que haya una empresa en paralelo que quiera hacer la inversión millonaria para ofrecer este servicio”.
Sin embargo, comentó el docente, “con la gasolina no pasa eso pues, en su distribución, no hay problema que haya más estaciones de servicio y que ellas, de alguna manera, regulen a través de la competencia los precios y una calidad adecuada; entonces diría que el estado tiene que clarificar cuáles son esas necesidades básicas que exigen indispensablemente a un régimen de servicio público y entonces conllevar toda la carga propia de este régimen que, entre otras cosas, supone que el estado fiscaliza que los valores de sus tarifas y estándares de calidad sean los adecuados”.
“Puede ser que haya una colusión entre los que venden el combustible; en ese caso, es un tema de defensa de la competencia, es una falla que no es de servicio público si no de una posible concertación de precios, de repente se han puesto de acuerdo los despachadores de combustible y hay que poner los mecanismos de un policía para aplicar sanciones a los conductas anticompetitivas. La solución existe y también depende del estado, pero la técnica es distinta”.
